La llegada de campamentos modulares importados desde China para el proyecto Vicuña en San Juan, reactivó el debate sobre la participación de empresas argentinas en la cadena de valor minera. Proveedores, cámaras empresarias y representantes sindicales nacionales y del NOA advirtieron que el desarrollo local y la licencia social de la actividad dependen, en gran medida, de que las oportunidades de inversión, empleo y contratación sigan orientándose a las comunidades y empresas de la región.

Federico Russo. Presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta

La decisión del proyecto Vicuña de incorporar campamentos modulares provenientes de China abrió un debate que trasciende una contratación puntual y pone sobre la mesa una discusión cada vez más presente en las provincias mineras: cuál será el verdadero impacto de las inversiones sobre las economías regionales y la cadena de valor local.

En las últimas semanas, cámaras empresarias, federaciones de proveedores y representantes sindicales expresaron su preocupación por la participación de empresas extranjeras en bienes y servicios que, según sostienen, podrían ser provistos por compañías argentinas.

Una de las voces que se pronunció fue la Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN), que manifestó su inquietud ante la contratación de infraestructura importada para el desarrollo del proyecto Vicuña. Desde la entidad señalaron que el país cuenta con empresas con experiencia y capacidad para abastecer gran parte de las necesidades de la industria, por lo que advirtieron sobre el impacto que estas decisiones pueden tener sobre el entramado productivo nacional.

En la misma línea se expresó Federico Russo, presidente de CAPEMISA, quien cuestionó la importación de campamentos completos para operaciones mineras, señalándolo como el ejemplo que la provincia no debe tomar. “Si traen el campamento de China, ¿qué queda para Salta?”, planteó durante una entrevista, al tiempo que remarcó que detrás de cada contrato existen oportunidades de trabajo para proveedores, trabajadores, transportistas, comercios y profesionales de la región.

Para los representantes del sector empresario, el desafío no pasa por discutir la llegada de inversiones extranjeras, sino por garantizar que una parte significativa de las compras y contrataciones se traduzca en oportunidades concretas para las empresas locales. En ese sentido, sostienen que el desarrollo de proveedores constituye uno de los principales mecanismos para multiplicar el impacto económico de la minería en los territorios.

La preocupación también fue planteada por ASIJEMIN (Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina), que vinculó este tipo de decisiones con un aspecto estratégico para el futuro de la actividad: la licencia social.

ASIJEMIN emitió un comunicado en el que calificó como riesgosa la adjudicación de la ampliación del Campamento Vicuña a una empresa extranjera que, según el gremio, no presenta ningún esquema de asociación con empresas locales ni estrategia de transferencia de conocimiento hacia las regiones donde opera.

Desde la organización advirtieron que la aceptación de los proyectos mineros depende en gran medida de la capacidad de generar empleo, contratación de servicios y beneficios visibles para las comunidades cercanas. Según señalaron, cuando la población percibe que las oportunidades asociadas a una inversión quedan fuera del territorio, pueden profundizarse tensiones que terminan afectando la relación entre la actividad minera y las comunidades.

El debate se produce en un contexto de fuerte crecimiento de la minería del cobre y el litio en el NOA, donde provincias como Salta, Jujuy y Catamarca buscan consolidar cadenas de valor capaces de acompañar las inversiones previstas para los próximos años. En ese escenario, la discusión sobre el compre local y la participación de proveedores regionales aparece cada vez más vinculada a la sustentabilidad económica y social de los proyectos.

¿Por qué importa?

La minería genera empleo directo, pero gran parte de su impacto económico ocurre a través de los bienes y servicios que demanda para operar. Transporte, construcción, alojamiento, gastronomía, mantenimiento, logística, insumos industriales y servicios profesionales forman parte de una extensa red de actividades que puede beneficiar a empresas y trabajadores locales.

Por eso, el debate abierto a partir del caso Vicuña trasciende una contratación específica. La discusión de fondo es cómo lograr que las inversiones mineras se traduzcan en desarrollo regional, fortalecimiento de proveedores y oportunidades para las comunidades que conviven con los proyectos. Para muchos actores del sector, ese vínculo entre inversión, empleo y participación local es también uno de los pilares sobre los que se construye la licencia social de la minería.